Investiga la SIEDO a compañías financiadas por narcos

Al margen de la ley, casi 8 mil empresas de seguridad privada

■ El crimen organizado las utiliza para lavar dinero e inflitrar policías

Información de inteligencia recabada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal refiere que casi 80 por ciento de las 10 mil empresas de seguridad privada que se calcula existen en el país operan fuera de toda normatividad, revelaron ayer fuentes de la Dirección General de Seguridad Privada, instancia que forma parte de esa dependencia.
Según consta en datos oficiales, hasta 2007 la SSP federal tenía registradas 430 empresas de seguridad privada, mientras la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal contaba ese año con un listado de 400. Es decir, se calcula que en todo el país sólo unas 2 mil están registradas ante autoridades federales o estatales.
En tanto, funcionarios de la Procuraduría General de la República revelaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) investiga a varias compañías de ese tipo, extranjeras y nacionales, porque se ha detectado que grupos de narcotraficantes y secuestradores (principalmente mexicanos y colombianos) presuntamente han financiado la creación de “empresas fachada”, que son utilizadas para lavar activos de procedencia ilícita e infiltrarse en los cuerpos policiacos.
La mayoría de esas compañías –que ofrecen seguridad personal, asesoría logística para vigilancia de empresas y servicios para negociar con secuestradores a cambio de cuotas mensuales– están dirigidas por militares y/o ex jefes policiacos federales o estatales.
Por su parte, la SIEDO realizó en fechas recientes cateos en empresas de seguridad privada asentadas en estados como Sinaloa, Chihuahua y Baja California, que presuntamente están al servicio del crimen organizado.
En este contexto, en julio pasado la SSP federal informó sobre la clausura de las empresas Impermeables Rivamar, Baher Asesores Integrales, Bullert Internacional, Intercambio Comercial y Comercializadora Paspor –una de ellas ubicada en la ciudad de México–, debido a que operaban al margen de la normatividad vigente.
Esos negocios no acreditaron la autorización correspondiente para la venta de chalecos antibalas, entre otros artículos para la seguridad personal.

Son piratas, 80% de empresas de seguridad

México, 27 de enero.- De 10 mil empresas de seguridad privada que operan en México 80 por ciento lo hace al margen de la ley, sin personal capacitado, con elementos que en ocasiones tienen nexos con el crimen organizado y sin ningún control de autoridades.La diputada federal Silvia Oliva Fragoso expuso que el miedo, la inseguridad y la desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de dar seguridad es aprovechado por las empresas privadas de seguridad.En entrevista, propuso reformas y adiciones a la Ley Federal de Seguridad Pública con la intención de regular la actividad de las empresas de seguridad, las cuales según el último registro sólo 358 contaban con autorización federal, que agrupaban 78 mil 927 elementos operativos, nueve mil 228 vehículos y 23 mil 721 armas.La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que según los datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad la tasa nacional es de 10 mil 480 delitos por cada 100 mil habitantes.Lo anterior ha llevado a las personas a que cambien sus hábitos de vida en cuanto a salir de la casa, abordar transporte público o dejar jugar a los niños fuera de casa, llevándolos a contratar a empresas de seguridad privada.Sin embargo, se ha encontrado que algunos robos y secuestros han sido efectuados por los elementos de seguridad de "estas empresas piratas", ya que ellos son los que proporcionan datos importantes de los bienes que poseen o informan de las actividades cotidianas que hacen los usuarios para ser utilizados por sus cómplices.Entre las reformas y adiciones propuestas por la diputada federal Silvia Oliva se encuentra que las empresas deberán capacitar previamente a todo elemento que pretenda ingresar a sus filas.En la medida en que se profesionalice la protección privada, el servicio que presten será con racionalidad, eficiencia, apego a la legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, además de apoyar a la seguridad pública, expuso.Además se requiere control, inspección y vigilancia de quienes fabriquen, importen, comercialicen, instalen o arrenden equipos de seguridad para que se tenga la base de datos de estas empresas y se puedan investigar en caso de que los clientes sean objeto de delitos relacionados con la actividad mencionada.Se prevé en la iniciativa el control, la inspección y la vigilancia de quienes instalan y operan centrales de alarma ymonitoreo, para evitar que sean utilizadas para cometer delitos en lugar de dar seguridad, subrayó la diputada.Las empresas deberán presentar cada seis meses un registro de todos los equipos o sistemas que adquieran o comercialicen, con la finalidad de tener control de todos los equipos que se usan para la seguridad en edificios e instalaciones.Además de los equipos de detección, de visión y de seguridad bancaria, y así evitar que los usuarios pudieran ser objeto de delitos o que causen daños físicos o molestar en su honor y en la privacidad.Para obtener la autorización de operación, el prestador de servicios de seguridad privada deberá presentar una póliza de fianza expedida por la institución legalmente autorizada para garantizar el pago de daños a terceros durante la prestación de los servicios que les sean contratados. (Con información de Notimex/AYV)

Incrementan presencia de seguridad privada en empresas
Esto ante el alza en violencia que se ha registrado.

Monterrey, NL.- La inseguridad que reina en la entidad ha impulsado a las compañías de seguridad privada que han incrementado su presencia al menos un 20 % pero aún hay muchas que son piratas y que superan el número a las debidamente acreditadas.
Hugo Leonel Betancourt García, presidente de la Sección Especializada de Empresas en Seguridad Privada, dijo que hay alrededor de 250 empresas de este tipo, que cumplen con todos los requerimientos legales y que brindan capacitación constante a sus elementos además de revisar que no tengan antecedentes penal o conductas antisociales.
Sin embargo se calcula que pudiera haber unas 400 empresas no registradas, que además de explotar a sus trabajadores, aceptan gente con antecedentes penales a cambio de otorgar sueldos bajos
Esto es un riesgo para las empresas y zonas habitacionales, pues se han dado casos en que los mismos guardias de seguridad de este tipo de empresas piratas son los que roban.
Milenio.- Francisco Zúñiga Esquivel